Los querellantes de las torturas llevadas a cabo por altos cargos durante al franquismo acusan al juez Pablo Ruz de haber incumplido el tratado internacional de extradición al no haber tomado medidas cautelares contra los presuntos torturadores. La jueza argentina María Servini de Cubría
solicitó la detención internacional y, según los abogados de la acusación, esta orden debería haber implicado, de acuerdo con la legislación, que "se detuviera a los imputados y en un plazo no superior a veinticuatro horas fueran puestos a disposición del juez instructor de la Audiencia Nacional que se encontraba de guardia, a efectos de que por parte de éste se decidiera si acordaba su prisión provisional o adoptaba cualquiera otra de las medidas cautelares previstas en las mismas".