La jueza argentina María Servini de Cubría ha emitido la orden de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado.
La magistrada acusa al exministro Utrera Molina de convalidar con su firma la sentencia de muerte de Puig Antich y a Martín Villa por la matanza de Vitoria de 1976
“Es un gran avance hacia el fin de la impunidad del franquismo”, señala a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina
En una exhaustiva resolución de 286 páginas a la que ha tenido acceso eldiario.es la jueza argentina María Servini ordena la detención y extradición de veinte personas vinculadas con la represión y crímenes del franquismo. Entre ellos hay ocho exministros franquistas, así como exjueces o expolicías a los que la magistrada quiere tomar declaración indagatoria en el marco de la única causa penal en el mundo que investiga los crímenes del franquismo.
En el auto la jueza Servini de Cubría señala que “lo que se investigan son hechos atroces de lesa humanidad”, como la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970, los sucesos de Vitoria en marzo de 1976, asesinatos, torturas y represión.
La magistrada recuerda en el auto que los delitos de los que se les acusa constituyen crímenes de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Es decir, “sus responsables están sujetos a persecución gracias a la jurisdicción universal”.
Ocho exministros
A Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, se le piden responsabilidades por la muerte en Vitoria en marzo de 1976 de cinco trabajadores durante una acción de represión policial en la que también hubo 150 heridos de bala.
A Utrera Molina -suegro de Alberto Ruiz Gallardón-, ministro de la Vivienda en 1973 y ministro secretario general del Movimiento en 1974-75 se le acusa por su responsabilidad en la pena de muerte de Salvador Puig Antich, último ejecutado a garrote vil en España.
También está incluido Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975: La justicia argentina pide su detención por su responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por la dictadura franquista en 1975.
Al exministro de la Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista en septiembre de 1975 en Madrid, Burgos y Barcelona.
También se solicita el arresto de otros cuatro exministros:
Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
Además se solicita el arresto del excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar, acusado de asaltar la Iglesia San Francisco de Asís en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores en la carga policial. También figuran siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.
A ellos se suma Carlos Rey González, miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich -y actualmente abogado que ha ejercido como defensor de la líder del PP catalán Alicia Sánchez Camacho-, los entonces jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer. Este último está denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967, donde García trabajaba como ginecólogo.
"Que haya jueces españoles dispuestos a investigar"
En declaraciones a eldiario.es el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella argentina, ha destacado la importancia de este : “Es un paso más que se suma a otros llevados a cabo por comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas. Esperamos que haya una resolución por parte del Gobierno y de la Justicia española, que sean sensibles a este clamor de cada vez más sectores. Cada vez hay más denunciantes, la querella avanza y confiamos en que haya jueces españoles que asuman la tarea de investigar estos crímenes contra la humanidad", ha señalado.
Slepoy ha querido destacar que esta orden es "producto del esfuerzo de mucha gente que ha viajado a Argentina para declarar ante la jueza o ha logrado que se lleven a cabo declaraciones por videoconferencia".
Los procesos de extradición pasarán por la Audiencia Nacional y será previsiblemente el Gobierno el que tenga la última palabra. "Es probable que se dicte una decisión similar a la adoptada ante la solicitud de extradición de Billy el Niño y el capitán Muñecas", indica Slepoy, en referencia a la decisión de la Audiencia Nacional de no entregar a aquellos acusados a la jueza por considerar que sus delitos habían prescrito.
"Pero eso abunda en la impunidad del franquismo en un momento en el que se suman pasos, pruebas y denunciantes para acabar con esa impunidad e investigar de una vez tales crímenes de lesa humanidad", remata el letrado.
La querella argentina
La causa contra los crímenes del franquismo arrancó en Argentina el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella presentada por familiares de víctimas del franquismo: Darío Rivas, de 94 años, e Inés García Holgado. A ellos se han ido sumando más querellas de familias de represaliados. En la actualidad ya hay más de 150 querellantes.
La jueza Servini de Cubría ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común en el cementerio de Guadalajara, para comprobar por análisis de ADN si allí están los restos del padre de una de las querellantes, Ascensión Mendieta Ibarra, quien con 88 años ha viajado a Argentina para rogarle a la magistrada que le ayudara a encontrar los restos de su padre antes de morir.
En España aún hay más de 100.000 desaparecidos víctimas de la dictadura franquista.
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