El fiscal federal Ramiro González pidió citar a declaración indagatoria a 15 exfuncionarios del dictador español Francisco Franco y sugirió a la jueza federal María Servini de Cubría evaluar "la viabilidad" de que se aplique el protocolo con que se investiga la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado en Argentina, para eventuales casos ocurridos en España.
González pidió la declaración indagatoria por existir "estado de sospecha" del exministro de la Presidencia del franquismo Antonio Carro Martínez, del exvicepresidente Licinio de la Fuente, del exministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo y del exde Justicia José María Sánchez-Ventura Pascual.
También del exministro de la Presidencia Alfonso Osorio García, del exintegrante del Consejo de Guerra Carlos Rey González, del excapitan de Policía Jesús Quintana Saracíbar, del exjuez Antonio Troncoso de Castro y de siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honroado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.
En el marco de la causa en que Servini de Cubría investiga los crímenes cometidos durante la dictadura en España, sobre la base del principio de "justicia universal", el fiscal también impulsa que se pidan medidas de prueba referidas al rol de la Iglesia española en el franquismo, según el dictamen al que accedió Télam.
Ramiro González pidió librar orden de detención y extradición para tomarle declaración indagatoria a Abelardo García Balaguer, por el caso de una de las víctimas del franquismo, María Flor de Lis Díaz Carrasco. La jueza deberá decidir si hace lugar a las medidas pedidas por la fiscalía.
González solicitó librar un exhorto a España para que se remita "copia autenticada de toda la documentación, tanto los archivos oficiales como los reservados, existentes respecto de la detención, tortura y fusilamiento" del expresidente del gobierno catalán Lluís Companys i Jover, entre otras medidas de prueba sobre lo ocurrido con la víctima.
Además estimó que "se debería determinar la existencia de procesos en el Reino de España donde se investiguen los hechos por sustracción, retención y ocultación de menores" denunciados en la causa.
"Habría que solicitar a la Ciudad del Vaticano que remita toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia Española en la creación de la cárcel de Zamora, País Vasco, España", consideró el fiscal entre otras medidas de prueba pedidas en referencia al rol de la Iglesia.
González pidió además que se ordenen exhumaciones en fosas comunes de cementerios españoles en busca de familiares de querellantes en la causa. Y concurrir en persona junto a la jueza al Castillo de Montjuic, en Barcelona, para "conocer el lugar donde se llevaron a cabo parte de los hechos de los que fuera víctima" el ex presidente catalán Lluis Companys I Jover "junto a miles de personas" y obtener "información al respecto".
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