El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y buena parte del Mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai) quieren que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aclare al Congreso cómo ejecutará las órdenes de detención de los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa, Alfonso García y José Utrera Molina dictadas por la justicia argentina.
En concreto, quieren que Catalá detalle en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja de qué forma va a cumplir la orden de detención y extradición cursada por la juez argentina, María Servini, contra veinte altos cargos políticos, militares, policiales y judiciales de la dictadura franquista, acusados todos ellos de cometer crímenes de lesa humanidad.
Entre los principales imputados se encuentran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso García, ministro de Presidencia, en marzo de 1976, cuando se produjo la matanza de Gasteiz. Junto a ellos también aparece José Utrera Molina, alto responsable franquista y suegro de hasta hace poco ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
Según explica Amaiur en un comunicado, la petición de la juez argentina pone de manifiesto que la represión y los crímenes practicados en aquella época no pueden considerarse como "mera suma de casos individuales, sino como parte de un atentado flagrante y global" organizado desde las distintas instancias del Estado franquista contra los derechos humanos del conjunto de la población, lo cual, apunta la coalición abertzale, no puede ser calificado sino como "un evidente crimen de lea humanidad".
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