El máximo tribunal le limitó la estadía y restringió el trámite solamente a la ciudad de Madrid. Sorpresa de los abogados
La
jueza iba a iniciar el lunes una ronda de 91 declaraciones
testimoniales con ex presos políticos y familiares de víctimas del
franquismo.
Buenos Aires * Rep Argentina
La jueza María Romilda Servini
de Cubría, titular del Juzgado Federal Nº 1 de la Capital, tenía
previsto viajar este lunes a España para tomar 91 declaraciones
testimoniales de las familias de las víctimas del franquismo. El plan de
la jueza era trasladarse por tres ciudades (Madrid, Vigo y Barcelona)
para escuchar los testimonios en el marco de la causa 4591/2010, que
investiga delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de
Francisco Franco entre la Guerra Civil Española y las primeras
elecciones tras el final de la dictadura. Bajo el principio de la
jurisdicción universal y de la imprescriptibilidad del delito de
genocidio, Servini había programado su viaje a Madrid para el inicio de
la semana. En España la esperaban ex presos políticos y familiares de
fusilados por el franquismo que, tras 35 años de silencio, empezaban a
esperanzarse con la posibilidad de la justicia. Sin embargo, a último
momento, y cuando los abogados de la querella ni se lo imaginaban, la
Corte Suprema le impuso un plazo muy acotado para el viaje (“no mayor a
diez días”), con un solo destino (Madrid), y apenas un colaborador (“un
secretario del juzgado a su cargo”) para toda la tarea que tenían por
delante. La reacción de Servini fue categórica. Suspendió el viaje a
España. Eso implica que las audiencias testimoniales solicitadas por la
querella (en las que iban a declarar testigos de edad muy avanzada) no
se concretarán nunca.
La noticia de la suspensión del viaje de
Servini de Cubría sorprendió a los abogados que representan a las
familias querellantes. La causa, caratulada “NN s/ genocidio”, fue
iniciada en abril de 2010 por los descendientes de dos fusilados por la
dictadura del Generalísimo. A principios de este año, tras un viaje a la
Argentina, un grupo de cincuenta ex presos políticos españoles dio su
testimonio ante la jueza federal. Habían sido torturados en los últimos
años del franquismo, habían presenciado ejecuciones. En sus testimonios,
los ex presos contaron cómo les habían aplicado tormentos que, por
entonces, según la jerga de los captores franquistas, eran llamados la
“barra”, la “bañera” o el “garrote vil”.
Los delitos cometidos
durante la dictadura franquista entre 1936 y 1977 están amparados por
una Ley de Amnistía dictada al iniciarse la transición hacia la
democracia. En 2008, bajo el principio de “jurisdicción universal” que
había utilizado para apresar a Augusto Pinochet, Garzón inició una causa
para investigar las desapariciones de 100 mil personas. Esa decisión
terminó con su carrera como juez. El Tribunal Supremo español (el
equivalente de la Corte) lo inhabilitó para seguir actuando y le inició
un juicio por el presunto delito de prevaricato, del cual fue absuelto.
Su trayectoria judicial, eso sí, pasó a ser historia.
La suspensión
del viaje de la jueza tuvo su detonante en la resolución 2282/2012 de la
Corte, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. Fechada el 4 de
septiembre, y con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena
Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl
Zaffaroni, la resolución autoriza a Servini a viajar a Madrid, “por un
plazo no mayor a los 10 días” y “acompañada por un secretario del
juzgado a su cargo”. La respuesta de Servini llegó a los dos días. Le
comunicó al máximo tribunal que desistía del viaje porque “resulta
materialmente imposible, para quien suscribe, en compañía de un solo
funcionario, formalizar las 91 declaraciones testimoniales que
solicitara la querella”. La jueza aclaró que había organizado el viaje
alrededor de la ciudades de Madrid, Vigo y Barcelona (las tres cuentan
con consulado argentino) pero con el criterio de “reducir al máximo la
estadía y los viajes de la comitiva por el interior de España” (ver
facsímil). Anoche, Tiempo se comunicó con el abogado David Baigún, uno
de los patrocinantes de la querella, quien contó que el grupo de
profesionales se reunirá la semana entrante para analizar qué hacer a
partir de esta decisión.
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