Acto de apoyo a la querella, el 1º de septiembre en Barcelona.
Madrid, 30 de agosto de 2012
Sr. Presidente del Gobierno de España
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas e Involuntarias,
el Consejo de Ministros del Gobierno que usted preside
ha emitido una declaración.
Como familiares de víctimas de desapariciones forzosas fruto de
la sublevación militar de julio de
1936, opinamos que el Gobierno de España debe rendir menos homenajes a
los alrededor de 150.000 desaparecidos de nuestro país para,
en cambio, demostrar una voluntad política real de
solucionar la cuestión de los desaparecidos y pasar de
la hueca retórica a la acción.(…)
Los familiares de republicanos inhumados en el Valle de
los Caídos llevamos años luchando por
recuperar los restos de nuestros seres queridos, víctimas también de desapariciones forzosas. Porparte del Gobierno actual, que tanto se esmera por presentar declaraciones en fechas tanseñaladas como la
de hoy,
no hemos recibido ningún apoyo: todo han sido ninguneos y escollos.Recordemos, por ejemplo,
la caída en saco roto del Informe de la Comisión de Expertos sobre el
Valle de 2011 y la reapertura a un turismo de difícil catalogación del
Valle de los Caídos. (…)
En la mencionada declaración (se refiere a la
del Consejo de Ministros) se habla sobre el objetivo
de dicho día internacional: “…poner de relieve estos crímenes y de
no olvidar a todas las personas
que son víctimas de desapariciones forzadas”.
Pero, Sr. Presidente,
¿por qué se refiere el gobierno español a “crímenes” cuando España aún no
ha tipificado la desaparición forzada como delito en el Código Penal,
y ello pese a que nuestro paísestá obligado por haber firmado una convención internacional para la protección de las personas
contra la desaparición forzosa? Ni siquiera en
2010, cuando se abordó una reforma del códigoPenal
se corrigió esto. Parece que con
la reforma actual tampoco se abordará esta tipificación de
la desaparición forzosa como delito.
A esto hay que añadir que el gobierno de España tampoco ha cumplido las recomendaciones de
2008 del Comité de Derechos Humanos de
la ONU que concluyó que el estado español debía:
1º)derogar la Ley de Amnistía de 1977;
2º) legislar para garantizar el reconocimiento de la
imprescriptibilidad de
los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales;
3º) crear unacomisión de expertos independientes que restablezca la verdad histórica sobre las violaciones dederechos humanos en
la Guerra Civil y la dictadura franquista, y
4º)permitir que las familiasidentifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas,
y en su caso, repararlas. (…)
(…) Ni el estado español ni el gobierno protegen actualmente los derechos de las víctimas de la sublevación militar de 1936.
Por todo ello, Sr. Presidente, los familiares de
la AFPERV le reiteramos que nos sobran lasdeclaraciones grandilocuentes y huecas.
Nos basta con la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Atentamente
Silvia Navarro Pablo
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