jueves,
9 de agosto de 2012
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires resolvió por unanimidad rechazar la inscripción de condenados y
procesados por delitos de lesa humanidad a cursar estudios mediante el programa
UBA XXII.
La resolución fue tomada por el órgano académico
integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades,
y cinco representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.
“Esta es una clara expresión política de la
Universidad de Buenos Aires”, expresó Hallú durante la sesión realizada en el
rectorado en la que el Consejo Superior, tras el dictamen de la Comisión de
Interpretación y Reglamento que elaboró el proyecto de resolución.
En ese dictamen, la comisión entendió que si bien
el propósito de la Universidad “no puede ser otro que permitir la libre
discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo”, la
particularidad del caso implica que “quienes aspiran a incorporarse a su
comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden
públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o
justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su
comunidad universitaria”.
Y agrega que “ninguna universidad del mundo
aceptaría como parte de su comunidad a personas que victimizaron a sus
integrantes de la manera más cruel que haya conocido nuestra historia y que, de
antemano, se sepan sostenedores de un discurso negacionista que habría de
postular en su propio seno la pretendida legitimidad de esos delitos masivos”.
La resolución del Consejo Superior fue dispuesta
tras los pedidos efectuados por represores que cumplen condena por crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, entre ellos,
Adolfo Donda- condenado a prisión perpetua-, Carlos Jurio y Oscar Rolón.
Ante el intento de inscripción al programa, las facultades de
Filosofía y Letras y Ciencias Sociales dictaron la resolución que prohibía su
condición de alumnos, postura que fue refrendada esta mañana por el Consejo
Superior de la UBA.
“Es un hecho histórico que pone a la universidad
pública a la altura de las discusiones actuales sobre el rechazo al genocidio y
las políticas por memoria verdad y justicia”, aseguró Juan Pablo Parchuc,
director del Programa Extensión en Cárceles de la Facultad de Filosofía y
Letras.
Para el docente, la resolución del Consejo Superior
“resume el trabajo que venimos haciendo en conjunto desde la universidad, las
agrupaciones estudiantiles, docentes y las organizaciones de derechos humanos
que trabajan en la cárcel, poniéndonos el debate al hombro para llevarlo
adelante en una tarea que no fue fácil”, admitió.
Organizaciones
de derechos humanos repudiaron a través de una solicitada el intento de los
represores de ingresar a la universidad pública, en la que durante el
terrorismo de Estado “miles de docentes, graduados, estudiantes y no docentes
sufrieron persecución, secuestros, apropiación de bebés, torturas, asesinatos y
desapariciones
| Resistència Antifeixista |
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