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Aquest és un bloc d'informació sobre la querella argentina contra els crims del franquisme. Una denúncia de la violació sistemàtica dels drets humans per part del Regne d'Espanya, que posa de manifest els crims de lesa humanitat i genocidi perpetrats pel feixisme espanyol. Crims no prescrits. La Xarxa catalana i balear de suport a la Querella Argentina exigeix Justícia.
jueves, 27 de noviembre de 2014
ARGENTINA VERÁ EL CASO DEL OBRERO OBLIGADO A BEBER ÁCIDO EN UNA CASA CUARTEL EN 1973
La denuncia se presenta este jueves en presencia del hermano de la víctima, Antonio, que denuncia el olvido sistemático al que condenan los políticos españoles a las víctimas del franquismo
PATRICIA CAMPELO Madrid 27/11/2014 10:19 Actualizado: 27/11/2014 10:19 Público.es
Ha pasado toda una vida tratando de esquivar la censura para que la historia de su hermano Cipriano, un obrero antifranquista torturado hasta la muerte en la casa cuartel de Reus, Tarragona, en 1973 fuera pública. Incluso uno de los cauces que trató de abrir fue en el programa radiofónico Encarna de Noche (1978-1983) de Radio Miramar. "Llamé tres o cuatro veces y cuando les decían quién era y lo que quería contar me colgaban el teléfono", revela Antonio Martos, de 73 años.
"La prensa y las autoridades civiles lo sabían, pero hacían como si no se enteraran", lamenta. Ahora agradece el interés sobre el caso de su hermano, que ha sido investigado de forma exhaustiva e incluido en la querella contra el franquismo que sigue su curso en Argentina y cuyo último paso ha sido la petición de 20 órdenes de detención contra altos cargos de la dictadura.
Cipriano Martos, natural de Loja, Granada, tenía 30 años y trabajaba como encofrador cuando fue detenido por la Guardia Civil el 25 de agosto de 1973. Fue trasladado a la casa cuartel de la localidad para ser interrogado por una acción de reparto de propaganda con mensajes contra la dictadura. Le sometieron a torturas, pero no delató al resto de compañeros y el segundo día de reclusión en la casa cuartel fue obligado a ingerir el conocido como ‘cóctel de la verdad': un líquido definido en algunos documentos de la investigación como "cáustico ácido" y "ácido corrosivo".
El veneno le abrasó por dentro y fue trasladado al hospital del municipio, ingresado en la sala de beneficencia y atendido por diferentes médicos. Según la investigación que acompaña a la querella, dos días después del ingreso, y a pesar de sus dificultades para comunicarse, el juez le tomó declaración. Cipriano falleció a las dos semanas, el 17 de septiembre, y el certificado de defunción que se aporta en la querella alude a una "hemorragia interna".
En todo ese tiempo, su madre y su hermano, que se habían trasladado desde Granada, no pudieron ver a Cipriano. "Llamaron a mi familia diciendo que estaba muy malo, y mi madre y mi hermano vinieron a Reus. Recuerdo hablar con mi madre por teléfono y ella decirme que no fuera al hospital porque ya estaba todo hecho, que ellos no habían podido hacer nada y que yo tampoco lo iba a hacer", relata Antonio a Público con la voz entrecortada. "Se tuvieron que volver a Granada sin saber qué había pasado", lamenta. La madre de Antonio y Cipriano suplicó llorando a la Guardia Civil que la dejaran pasar a ver a su hijo. "Se arrastraba como podía escalera arriba, a gatas, y la tiraban de un puntapiés para abajo", detalla Antonio, que residía entonces en Sabadell. "Ella murió con toda la pena del mundo por no haberse hecho justicia", deplora.
Para mayor escarnio de la familia, el cuerpo de Cipriano fue enterrado en beneficencia,arrojado a la fosa común del cementerio de Reus sin la presencia de sus seres queridos y en total secretismo. "Fue una manera de silenciar su caso. La forma en que se les negó ver a Cipriano fue cruel y violenta, con el fin de intimidarlos y asustarlos para que no removieran el asunto", apunta María José Bernete, la investigadora que ha ayudado a Antonio ha documentar los hechos para ponerlos en conocimiento de Ana Messuti, una de las abogadas que trabaja de forma desinteresa en la querella argentina. Sólo los periódicos franceses Le Monde, Libération y el italiano Il Manifesto se hicieron eco de los hechos.
Cipriano, republicano de ideas, había militado en los sindicatos Comisiones Obreras y Oposición Sindical Obrera así como en el PCE (marxista-leninista) y en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), todo ello como consecuencia de la precariedad y opresión que había visto de cerca trabajando de jornalero en Morón de la Frontera (Sevilla), en las minas de Teruel y en las fábricas textiles de Sabadell y Terrassa (Barcelona).
Su cuerpo sigue en el cementerio de Reus, donde sus compañeros de militancia del PCE (marxista-leninista) le erigieron una losa de mármol en 1979. El pasado abril, militantes de varias asociaciones de memoria histórica de Catalunya colocaron sobre la losa unas baldosas con los colores de la bandera republicana y una fotografía de Cipriano. "Lo hicimos en nombre de Joan Aguirrezábal [recientemente fallecido] para Cipriano y así honrar la memoria de los dos, que fueron compañeros de militancia", aclara Bernete. Asimismo, colocaron una placa con las palabras "verdad, justicia, reparación".
En busca del nombre de los guardias civiles
La denuncia del caso de Cipriano Martos, que se presenta al público este jueves, viaja para Argentina acompañada de la partida de defunción y de parte del expediente judicial incoado en Reus e incluido en la causa seguida por el Tribunal de Orden Público, "por propaganda subversiva", a los compañeros de Cipriano. "Estos documentos custodiados por el Archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica, de Salamanca, vienen con los datos disociados, es decir, con todos los nombres y apellidos suprimidos, como es habitual en este tipo de documentación", explica Bernete.
El nombre de los guardias que intervinieron en el asesinato de Cipriano, en cambio, deberá resolverse en el marco de la investigación judicial que instruye la jueza argentina María Servini. "Él fue detenido por miembros del cuerpo de la Guardia Civil y llevado a las dependencias del cuartel de Reus de las que salió para ingresar en el hospital. Aunque tenemos identificados a algunos de los números que intervinieron en la operación en la que se le detuvo, al no poder acceder a cierta documentación no podemos acusar a ninguno de ellos como responsables directos de lo que le sucedió a Cipriano", aclara la investigadora y miembro de la Red Catalana y Balear de Apoyo a la Querella Argentina. "El proceso judicial abierto en Buenos Aires tendrá que solicitar la documentación que a nosotros nos deniegan en cumplimiento de la legislación vigente", subraya.
Antonio, por su parte, que continúa viviendo en Sabadell, asegura no tener "muchas esperanzas" tras ver el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy a cumplir con las órdenes de detención solicitadas por la justicia argentina. "Siguen en sus trece de no desmontar la fortaleza que tienen, pero les diría que si esto les hubiera pasado a alguno de ellos, todo sería diferente", reclama. "Esto es algo que no se puede olvidar, y se lo digo hasta al político más ‘duro de mollera', si le hubiera pasado a él no lo olvidaría", remacha Antonio y, al mismo tiempo, asegura tener claro que en caso de lograr alguna solución para las víctimas "llegará desde fuera".
miércoles, 26 de noviembre de 2014
¿JUSTICIA? ESPAÑOLA
Tres asociaciones de jueces y una ONG de derechos humanos piden a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados que intervenga ante los ataques a la independencia judicial en España. Los firmantes esperan que se dirija al Gobierno español para pedirle explicaciones así como que realice una visita a España para analizar las trabas a la independencia judicial que existen en nuestro país.
Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido por carta a la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, informándole de diversas iniciativas del Gobierno español que, en palabras de estas organizaciones, “están erosionando el principio de separación de poderes”, lo que conlleva el “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho”.
Iniciativa pionera
Se trata de la primera iniciativa de estas características que se presenta ante la ONU y se ha acordado plantearla ante la gravedad de la situación. La carta se refiere, en primer lugar, a la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, que se impuso con el apoyo único del partido en el Gobierno y con la oposición de todas las asociaciones judiciales, y que conllevó el nombramiento de sus integrantes por parte de los principales partidos políticos. “Con esta vinculación tan evidente al poder político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes”, subrayan los remitentes de la carta.
Jueces a dedo
Asimismo, se denuncia que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, actualmente en fase de Anteproyecto, pueda suponer más mermas en la independencia de jueces y magistrados. Las asociaciones explican que con la nueva organización territorial que quiere establecerse, los presidentes de los órganos provinciales serán impuestos por el Consejo General del Poder Judicial (dependiente del poder político), lo cual es especialmente preocupante teniendo en cuenta que estos presidentes tendrán competencia precisamente para modificar la composición de los tribunales para la investigación de casos de corrupción.
Ley mordaza
También se critican la prohibición a la libertad de expresión que pretende imponerse a jueces y magistrados “por el hecho de ser molestas para ámbitos del poder político que buscan blindarse”. La nueva ley también introduciría la obligación de someterse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo cual impide “que los jueces puedan obrar según su propio criterio jurídico” y constituye por tanto “una amenaza a la independencia del poder judicial”.
Faltan medios
Las organizaciones denuncian igualmente la falta de recursos asignados a los órganos judiciales para investigar los casos de corrupción, resaltando que España se encuentra a la cola de Europa en número de jueces por habitante y en inversión en justicia. “Difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuar con independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción si desde el poder político no se asignan los medios necesarios”, se apunta en la carta.
Presión política
Las organizaciones ponen énfasis finalmente en la presión política ejercida contra los jueces que investigan la corrupción, a través de descalificaciones vertidas en medios de comunicación por autoridades y miembros del ejecutivo. Estas descalificaciones, al pretender que los jueces y magistrados cambien el sentido de sus investigaciones y actuaciones, suponen un claro ataque a su independencia. A esto se le añade el hecho de que “quienes están señalados negativamente desde el ámbito político saben que podrían potencialmente sufrir efectos disciplinarios […] por parte del Consejo General del Poder Judicial”, habida cuenta de la estrecha relación de este órgano con el poder político.
VITORIA PIDE LA EXTRADICIÓN DE LOS ACUSADOS POR EL 3 DE MARZO Y OTROS CRÍMENES FRANQUISTAS
El Ayuntamiento, con la abstención del PP, aprueba una moción para instar al Gobierno de Rajoy a poner a los imputados a disposición de la jueza argentina Servini.
El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado una moción en la que insta al Gobierno de España a que detenga y extradite a Argentina a las 19 personas vivas imputadas por la jueza María Servini por crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Entre ellas figuran el que fuera ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, Rodolfo Martin Villa; Alfonso Osorio García, vicepresidente del Gobierno (1976-77), y el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana, a quienes se les considera responsables de la muerte de cinco trabajadores durante una carga policial para disolver una asamblea de obreros en Vitoria en 1976.
La moción, que sido presentada de manera conjunta por PNV, PSE-EE y EH Bildu, ha sido debatida y aprobada en un pleno extraordinario. El PP, que gobierna el consistorio, se ha abstenido. Interpol Argentina pidió a principios de este mes a España la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados en la causa abierta en ese país contra los crímenes del franquismo impulsada por Servini, así como el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Estas órdenes fueron bloqueadas a petición de España por lo que no están vigentes y la única opción para la jueza es trasladar al Gobierno una solicitad formal de extradición por parte de Argentina.
Oyarzábal se reunión con la asociación
El dirigente popular aseguró en una entrevista que esa carga fue un “exceso” de una policía que se vio acorralada. Días después Oyarzábal se reunió con el portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, Andoni Txasko, para mostrar su “pesar” por esas palabras que, según argumentó, se “entresacaron de manera desacertada” y no reflejaron en “absoluto” lo que pretendía decir. Además ofreció la disposición del PP vasco a intermediar ante el Ministerio del Interior para lograr una “mayor reparación” a los familiares de los cinco trabajadores.
La argumentación de la moción recuerda que el informe elaborado por la policía en aquel momento “en base a mentiras interesadas” para “amparar” a los “responsables de aquella criminal actuación” es la “base argumental esgrimida” por el actual Gobierno de España para “negar el carácter terrorista de la actuación” y “denegar” a estas víctimas su inclusión en las Leyes de Solidaridad a las Víctimas del Terrorismo de 1999 y en la más reciente Ley Integral de Víctimas.
Fuente La Comuna
lunes, 24 de noviembre de 2014
Declaració de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina contra els crims del franquisme sobre l'extradició dels imputats per la justícia argentina
La Xarxa Catalana i
Balear de Suport a la Querella Argentina contra els Crims del Franquisme
després dels darrers esdeveniments en relació a la causa judicial oberta el 2010 per crims
de lesa humanitat i/o genocidi al Jutjat Federal Número 1 de Buenos Aires i la
demanda d’extradició de Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina i altres
càrrecs de l’aparell franquista, volem manifestar el següent:
En primer lloc la nostra
satisfacció pel curs de la querella i per les decisions de la jutgessa María
Servini de posar un llistat de noms, entre els que figuren alguns fins ara
catalogats d’intocables, en mans de la Interpol per al seu arrest preventiu i
la seva posterior extradició a
l’Argentina.
Que darrera d’aquesta
imputació ha d’haver-hi un suport total de totes les entitats i persones que militen en
els drets humans i en la memòria històrica que reivindica la veritat, la
justícia i la reparació per a totes les víctimes del feixisme espanyol.
Que aquest suport ha de
ser visible i actiu exigint l’extradició de tots els imputats fins aleshores en
aquesta causa contra els botxins del franquisme, des d’aquell que va torturar i
va matar amb les seves mans fins a qui va ordenar, signar o emparar aquestes accions des d’un despatx de l’aparell de la dictadura i en transició.
Que aquesta exigència és
una de les reivindicacions fonamentals de la nostra Xarxa, de les entitats que
hi donen suport i dels querellants i denunciants que en formen part i
que no és altra que la derogació de la llei d’Amnistia. Un mur d’injustícia
que encara que cau de vergonya democràtica,
l’estat espanyol apuntala
amb força perquè aquest sustenta
la gran mentida de la democràcia d’una
monarquia
parlamentària, on els nostres
morts, desapareguts,
represaliats i espoliats mai han tingut vot.
Que continuarem fent
visible aquest dèficit de qualitat democràtica i humana de l’estat espanyol
fent actes al carrer, denunciant en premsa, recollint signatures, i el més
important i fonamental, explicant
a tothom que aquí es protegeixen els assassins, violadors, torturadors,
lladres, ideòlegs de l’extermini de l’antifeixista,… amb pistola i amb ploma,
amb corbata o amb toga, en nom d’una llei que diu que és la base de la
“reconciliació” i l’estat actual.
En defensa de les
nostres víctimes, de la seva lluita i les seves idees rebutgem tant la llei
d’Amnistia com la llei 52/2007 i exigim l’extradició dels imputats en la causa
contra el franquisme a l’Argentina.
Extradició Sí o Sí.
Veritat,
Justícia i Reparació.
Castellà:
La Xarxa Catalana i
Balear de Suport a la Querella Argentina contra els Crims del Franquisme
después
de los últimos acontecimientos en relación a la causa judicial abierta en 2010
por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio en el Juzgado Federal Número 1 de Buenos
Aires y la demanda de extradición de Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y
otros cargos del aparato franquista, queremos manifestar el siguiente:
En primer lugar nuestra satisfacción por el
curso de la querella y por las decisiones de la jueza María Servini de poner un
listado de nombres, entre los que figuran algunos hasta ahora catalogados de
intocables, en manos de la Interpol para su arresto preventivo y su posterior
extradición a Argentina.
Que detrás de esta imputación tiene que haber un apoyo total de todas las entidades y personas que militan en los derechos humanos y en la memoria histórica que reivindica la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas del fascismo español.
Que este apoyo tiene que ser visible y
activo exigiendo la extradición de todos los imputados hasta ahora en esta
causa contra los verdugos del franquismo, desde aquel que torturó y mató con
sus manos hasta quién ordenó, firmó o amparó estas acciones desde un despacho
del aparato de la dictadura y en transición.
Que esta exigencia es una de las
reivindicaciones fundamentales de nuestra Xarxa, de las entidades que la apoyan
y de los querellantes y denunciantes que forman parte y que no es otra que la
derogación de la ley de Amnistía. Un muro de injusticia que aunque cae de vergüenza
democrática, el estado español apuntala con fuerza porque este sustenta la gran
mentira de la democracia de una monarquía parlamentaria, donde nuestros
muertos, desaparecidos, represaliados y expoliados nunca han tenido voto.
Que continuaremos haciendo visible este déficit
de calidad democrática y humana del estado español haciendo actos en la calle,
denunciando en prensa, recogiendo firmas, y lo más importante y fundamental,
explicando a todo el mundo que aquí se protege a los asesinos, violadores,
torturadores, ladrones, ideólogos del exterminio del antifascista,… con pistola
y con pluma, con corbata o con toga, en nombre de una ley que dice que es la
base de la “reconciliación” y el estado actual.
En defensa de nuestras víctimas, de su
lucha y sus ideas rechazamos tanto la ley de Amnistía como la ley 52/2007 y
exigimos la extradición de los imputados en la causa contra el franquismo en
Argentina.
Extradición Sí o Sí.
Verdad, Justicia y Reparación.
viernes, 14 de noviembre de 2014
La ONU lo tiene claro: España tiene que juzgar o extraditar a los franquistas
El informe del Relator Especial de Naciones Unidas advirtió a España de que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".
Familiares de víctimas de Franco protestan con una foto del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el niño', y una pancarta con fotografías de las víctimas.REUTERS
El nuevo ministro de Justicia Rafael Catalá no tiene dudas. A pesar de "no conocer" la orden cursada desde Argentina contra 19 franquistas (Antonio Barerra ha fallecido) se ha atrevido este miércoles a adelantar que en España hay "una Ley de Amnistía aprobada en Cortes" y que los delitos de los acusados están "prescritos". Pero la valentía del ministro no llegó hasta ahí. Acto seguido comparó el procedimiento anterior cursado contra Billy el Niño y Jesús Muñecas por presuntas torturas con la nueva lista de 19 franquistas, entre los que se encuentran ministros de la Transición como Martín Villa, imputado por la muerte de cinco obreros en una manifestación, y Utrera Molina (el suegro de Gallardón), por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich.
Para "no conocer la orden", el ministro de Justicia se lanzó bien a la piscina. Cabe recordar al ministro que un presunto delito de torturas no es lo mismo que convalidar una sentencia de muerte desde los sillones del Consejo de Ministros y que, por tanto, el procedimiento judicial no puede ser similar. Además, Catalá debería conocer que en el tiempo transcurrido entre las peticiones de extradición de Billy el Niño y Jesús Muñecas y la petición de extradición de 19 franquistas ha habido interesantes e importantes pronunciamientos internacionales sobre la interpretación que la Justicia española hace de la Ley de Amnistía de 1977 y que emplazan a España a cooperar con la llamada querella argentina.
El más importante de estos pronunciamientos fue, sin duda, el debate vivido en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que España fue una delas grandes protagonistas. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo de la Justicia en relación a este tema. Los informes fueron elaboradores por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por una parte, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
Este último informe es clarividente. El Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene "la obligación internacional" de "extraditar o juzgar" a los franquistas reclamados desde Argentina y que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables". Asimismo reclamó al Gobierno de Rajoy "asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos judiciales en el exterior".
La recomendación de la ONU fue clara y taxativa. ¿Ha argumentado el ministro Catalá, por tanto, que las extradiciones no pueden producirse porque los implicados ya están siendo o ya han sido juzgados en España, tal y como reclama la ONU? No. El ministro argumenta, como ya hizo la Audiencia Nacional en el anterior procedimiento judicial referente a Jesús Muñecas y Billy el Niño, que los inculpados están protegidos por la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes en octubre de 1977.
Los exministros españoles José Utrera Molina, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez, en imágenes de archivo.
Pero, ¿qué dice la ONU sobre esta Ley de Amnistía y de la actitud del Estado y de la Justicia de utilizarla como justificante para no investigar los crímenes cometidos durante la dictadura, la Guerra Civil y la transición? El Relator Especial vuelve a ser contundente: España debe "privar de efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". Dicho de otra manera, la Ley de Amnistía no puede ser jamás una excusa para no investigar violaciones de derechos humanos.
Contradice tratatos internacionales
El Relator Especial de la ONU recalca, además, que la práctica del Estado español de archivar la "totalidad de los casos presentados ante la justicia española por crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (...) contradice las obligaciones internaciones en materia de derecho a la justicia" vulnerando también "el derecho a la verdad". Expresamente, la ley de Amnistía contradice, entre otras compromisos internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE el 30 de abril de 1977. Seis meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía en octubre del 77.
Este compromiso internacional señala en su artículo 15 que aquellas personas que cometieron actos delictivos conforme a los" principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional" pueden ser juzgados y condenados aunque no fueran hechos delictivos según el derecho nacional en el momento en el que se cometieron. Es decir, los crímenes del franquismo pudieron ser legales conforme a la ley española del momento pero contradicen los principios del derecho internacional, por lo que pueden ser juzgados y condenados. El Estado español se comprometió a una cosa en el ámbito internacional y estableció una ley que operaba en sentido contrario en apenas seis meses.
Por último, el Relator Especial de la ONU concluye recordando a los profesionales de la Justicia española que en "países que no han derogado leyes de amnistía" (como es el caso de España), "algunos tribunales han encontrado interpretaciones (...) que no han impedido la investigación y el procesamiento de presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos". Una bonita manera de recordar a los jueces españoles su responsabilidad en el hecho de que la Ley de Amnistía continúe siendo usada como parapeto para frenar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de cientos de miles de ciudadanos de todo el Estado.
jueves, 13 de noviembre de 2014
La germana de Puig Antich considera "històrica" l'ordre de detenció contra Martín Villa i Utrera Molina
Mercè Puig Antich té poca confiança que la justícia espanyola respongui a la petició
ACN Barcelona |
Mercè Puig Antich, germana de l'últim executat a garrot vil per la dictadura franquista, Salvador Puig Antich, ha qualificat d'"històrica" l'ordre de detenció dictada per la Interpol per crims contra la humanitat contra els exministres del règim Rodolfo Martín Villa i José Utrera Molina -sogre de l'exministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón- i contra 17 alts dirigents més del franquisme. L'ordre arriba després que la jutgessa argentina María Servini de Cubría en demanés l'extradició a l'estat espanyol la setmana passada. Puig Antich ha mostrat poca confiança en les ganes de col·laborar de la justícia espanyola però en declaracions a l'ACN ha assegurat que lluitarà "perquè això arribi a bon port".
La germana de l'anarquista executat pel franquisme com a condemna per la mort d'un policia de la brigada politico-social -en un judici que anys després es va constatar ple d'irregularitats- ha subratllat que una ordre de detenció com la que ha passat la Interpol argentina a la Interpol espanyola és "la primera vegada que passa", per la qual cosa no ha dubtat a qualificar el fet "d'històric".
També ha destacat que la Interpol argentina dicta l'ordre "amb caràcter d'urgència", per la qual cosa, creu que la vintena d'afectats s'hauran de presentar davant l'Audiència Nacional on és possible que es prengui alguna mesura cautelar, com ara retirar-los els passaport o fer-los presentar cada quinze dies.
Tot i això, Puig Antich té poca confiança que la justícia espanyola atengui les peticions de la Interpol. "És molt difícil", ha admès, i ha recordat que "ja va passar amb el Muñecas". La germana de l'anarquista executat es refereix a l'exguàrdia civil Jesús Muñecas Aguilar, reclamat igualment per la jutgessa Servini per tortures durant el franquisme. L'Audiència Nacional va rebutjar la petició d'extradició per considerar que el delicte havia prescrit.
Tot i això, la Coordinadora estatal de suport a la querella argentina contra crims del franquisme (Cequa), a la qual pertany Puig Antich, no llença la tovallola: "Nosaltres també hem de lluitar perquè això arribi a bon port", ha assegurat. "Confiem que aquesta vegada són una vintena de persones", ha afegit, per acabar declarant: "No ho podem desaprofitar. Fa molts anys que la gent que forma Ceaqua lluita per això. Ara ja toca".
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