Aquest és un bloc d'informació sobre la querella argentina contra els crims del franquisme. Una denúncia de la violació sistemàtica dels drets humans per part del Regne d'Espanya, que posa de manifest els crims de lesa humanitat i genocidi perpetrats pel feixisme espanyol. Crims no prescrits. La Xarxa catalana i balear de suport a la Querella Argentina exigeix Justícia.
lunes, 28 de abril de 2014
domingo, 27 de abril de 2014
COMUNICAT CEAQUA DAVANT LA NO EXTRADICIÓ DEL TORTURADOR MUÑECAS.
ANTE LA NEGATIVA
DE LA SALA DE LO PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL
A EXTRADITAR A ARGENTINA AL
TORTURADOR JESÚS MUÑECAS AGUILAR, LA COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA
QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO (CEAQUA)
MANIFIESTA:
Hoy, 25 de abril de 2014, 40º aniversario de la
Revolución de los Claveles, que provocó una auténtica ruptura democrática con
la dictadura salazarista en Portugal, la Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha dictado un Auto que pone de manifiesto,
una vez más, que dicho quiebre no se ha producido, aún, en relación con la
dictadura franquista.
Ha rechazado la solicitud de extradición del conocido
torturador y golpista Jesús Muñecas Aguilar. No por negar que se hayan
producido los hechos que le imputa el Juzgado argentino, sino por entender que, al tratarse de delitos comunes u
ordinarios, están prescritos. Ello sería
determinante de la extinción de la acción penal y, por consiguiente, no
se podría acceder a la extradición conforme a lo previsto en el Tratado de
Extradición entre la República Argentina y el Reino de España. Agrega que,
además, procede la denegación de la extradición en razón de la nacionalidad
española del reclamado.
El Auto judicial dice textualmente que “… la acción penal
iniciada ha superado crecidamente los plazos de prescripción del delito, sin
que la descripción de la infracción punible permita afirmar que pudiera
constituir un delito de lesa humanidad del art. 607 bis del Código Penal
nacional, dado el tenor aislado de la acción imputada sin conexión
aparente con el delito de genocidio que se investiga en la causa 4591/2010 del
órgano judicial requirente y la aparente falta de conexión entre el reclamado
y cualesquiera otra personas
involucradas en acciones legalmente reprobables, tanto por su
naturaleza como por su fecha de ejecución”. (Los subrayados son nuestros). Y, a
continuación, “…procede(r) asimismo la denegación (de la extradición) en razón
de la nacionalidad del reclamado …”
Como se ve, el Tribunal aprecia que estamos ante delitos
aislados y que, aparentemente, el torturador no tenía relación con otros
delincuentes. Ignora a sabiendas la
notoriedad de la verdad histórica y el preciso y detallado Auto de la jueza
argentina que contextualiza las torturas como parte de la comisión sistemática
y generalizada de múltiples delitos perpetrados desde las estructuras del
Estado, señala a quienes con Muñecas participaron en las torturas y cita extensamente
dictámenes concluyentes de organismos internacionales de derechos humanos sobre
la criminalidad masiva del franquismo.
En buen romance, la Sección 3ª de la Sala de lo Penal
sostiene que los destacados integrantes del franquismo que, entre otros hechos
delictivos, se dedicaban a torturar cruel y cotidianamente a los adversarios de
la dictadura no habrían cometido crímenes contra la humanidad. El mensaje es,
pues, que el franquismo no cometió crímenes contra la humanidad. A esta altura
del devenir histórico sólo quienes han cometido los crímenes y sus cómplices,
quienes los encubren y quienes con ellos se solidarizan pueden efectuar
semejante afirmación.
Ni siquiera el Tribunal Supremo se atrevió a perpetrar
tan evidente fraude de ley, a faltar tan groseramente a la verdad, en su sentencia de 27 de febrero de 2012 en
la que resolvió que no se pueden investigar en España los crímenes del
franquismo.
La única solución que legalmente cabía al Tribunal era
acceder a la extradición si estimaba
que, como producto de la doctrina contenida en esta última sentencia, no era
posible someter a juicio al torturador en España.
Lamentablemente, y en lugar de ello, ha decidido proteger
al malhechor y poner otra vez de manifiesto que la justicia española ampara a
los criminales franquistas no sólo internamente, sino también ante la denuncia
y la persecución internacional.
Esta decisión es para las víctimas, sin embargo, sólo un
traspié.
Sigue por un lado vigente la orden internacional de
detención librada contra el torturador Muñecas, lo que implica que será
detenido y extraditado a Argentina si se le sorprende fuera de territorio
español.
Por otro lado, el juzgado argentino puede pedir a las
autoridades españolas que sea juzgado en tribunales domésticos. Así lo prevé el Tratado entre ambos países y la
ley española de Extradición Pasiva, cuando la causa de denegación de la
extradición obedezca a la nacionalidad del requerido como sucede, también,
en este caso.
Los querellantes solicitarán de la jueza argentina María
Servini de Cubría que exija su sometimiento a juicio, concretamente en un
Juzgado de lo penal de la localidad guipuzcoana de Zarautz, ya que en el cuartel de la Guardia Civil de esta
localidad se produjeron las torturas a Andoni Arrizabalaga Basterrechea por
cuya comisión fue solicitada la extradición. (Esta misma solicitud puede, y
debería, ser planteada por parte del fiscal, en recurso contra la decisión de
la Sección 3ª ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia, si es
coherente con lo que propuso, aunque
tímida y confusamente, en la vista pública de extradición).
Asimismo, se seguirán adoptando en el futuro importantes
medidas en relación con los daños producidos a múltiples sectores de la
sociedad que han sido víctimas del genocidio franquista y se producirán nuevas
solicitudes de extradición que, en caso de ser denegadas, ahondarán aún más en
el desprestigio nacional e internacional de las instituciones y la judicatura
española y reafirmarán que este es el único lugar del mundo en que tienen
cobijo los criminales franquistas.
En nombre y memoria de los centenares de miles de
víctimas del fascismo español continuaremos bregando para poner fin a esta
ignominia.
*La “Causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes
de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17
de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977” instruída por la juez Dña. María
Servini De Cubría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº1 de la República Argentina ( Buenos Aires), más conocida como la Querella
Argentina, es la única causa abierta en el mundo contra el
franquismo. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA)
aglutina a más de 100 asociaciones de todo el Estado y tiene como
misión la difusión y promoción de la misma.
sábado, 26 de abril de 2014
ARGENTINA CONTINUARÀ DEMANANT EXTRADICIONS DE FRANQUISTES AL GOVERN ESPAÑOL
Argentina pedirá más extradiciones de franquistas pese al bloqueo de la Audiencia
http://www.publico.es/516859/argentina-pedira-mas-extradiciones-de-franquistas-pese-al-bloqueo-de-la-audiencia
Un nuevo fiscal argentino podría impulsar la causa pese a la resolución del tribunal español, que rechazó el traslado del ex guardia civil torturador Jesús Muñecas
"La Audiencia Nacional entiende que elcaso de Muñecas es una denuncia de tortura aislada, sin conexión con el genocidio que se está investigando, y por lo tanto, aplica las reglas de prescripción para esos casos", explica el abogado. "Pero las pautas de prescripción no corren para los casos de delitos de lesa humanidad, que es lo que aquí se está investigando"."Jurídicamente la Audiencia Nacional está en las antípodas del reclamo de la Justicia argentina". El abogado argentino Máximo Castex, que impulsa la causa sobre losdelitos del franquismo desde Buenos Aires, ha cuestionado los alegatos que ha esgrimido la Audiencia Nacional para negarse a la extradición del ex guardia civilJesús Muñecas. "Se requirió una cosa y la Justicia española contestó otra", sostuvo.
Castex denuncia que en la resolución ni siquiera se analiza el contexto histórico de los hechos denunciados, así fuera para descartarlo. "Las torturas por las que se reclama la extradición de Muñecas se realizaron en un contexto histórico determinado en el cual la tortura era sistemática, y eso es lo que le da el carácter de genocidio. No habrían ocurrido esas torturas de no haberse dado ese contexto", resalta.
El abogado hace énfasis en la diferencia de calificación jurídica que hace del caso la Justicia española y la argentina. "No hay conexión aparente, para la Audiencia Nacional, entre las torturas imputadas a Muñecas y el genocidio que llevó a cabo el franquismo", subraya. Castex además destaca que, de las siete carillas de la resolución, los argumentos jurídicos de la Audiencia están resueltos en apenas dos hojas. Las otras cinco se dedican a deambular sobre cómo llegó el pedido y de qué estuvo acompañado.
La querella argentina esperó a tener la resolución de la Audiencia Nacional para valorar los alegatos presentados en unanimidad por los tres jueces de la sección tercera del tribunal. "Existe la posibilidad de recurrir si lo quiere la Fiscalía española, pero tal y como se ha expedido en la vista pública y en ocasiones anteriores, no lo va a hacer", Tampoco podrían recurrir las víctimas del franquismo, que no han sido parte del proceso, ni el Estado argentino, al no haberse personado como parte jurídica en la causa.
La semana que viene los abogados acudirán al juzgado a explicar la reacción de la Audiencia Nacional, aunque el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa, no emitirá ninguna decisión notificada hasta que no llegue la comunicación formal de la Audiencia Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. La querella argentina da por descontado que seguirá con la causa. "Nosotros tendremos que reunirnos y tomar decisiones al respecto, por ejemplo con la resolución de imputaciones pendientes de la jueza, y con respecto a las medidas que dependen del juzgado, como retomar los viajes que se frustraron y ampliar las videoconferencias".
Los abogados también tienen puesta una mínima esperanza en que se realicen nuevos procesos de extradición con otros magistrados de la Audiencia Nacional, lo que abriría la posibilidad de que emitieran votos diferentes. Bastaría con que dos de los tres magistrados que deben decidir sobre una instrucción judicial accedieran a los pedidos de extradición de Argentina.
Nuevo fiscal en Argentina
La querella argentina también destaca el impulso que en Argentina podría tener la causa con la intervención de un nuevo fiscal, Ramiro González. "Nosotros pedimos, atentos a la nula actividad del fiscal Federico Delgado, la incorporación de una procuración especial sobre crímenes de lesa humanidad. Delgado se excusó de actuar, y la causa fue remitida por Servini, de modo que se realizó un nuevo sorteo", aclara Castex.
El nuevo fiscal, que tendrá una vista pública para definirse en el caso, podría acompañar a la querella en la causa contra los crímenes del franquismo. "González es el acusador público, a diferencia de nosotros, que somos el acusador privado. Podría pedir a la jueza medidas probatorias, indagatorias, y hasta extradiciones", añade el abogado.
Todavía quedan por ser resueltos 20 pedidos de extradición que ha elevado la querella argentina a la jueza desde el comienzo de la causa, en abril de 2010: cinco pendientes del el año pasado -de un primer listado de nueve personas en el que estaban Jesús Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pachecho, alias Billy el Niño, además de otros dos fallecidos- y quince que se pidieron en abril.
Larga espera
España ha tardado siete meses en rechazar la orden de detención que pesaba sobre Muñecas, imputado por torturar a Andoni Arrizabalaga Basterrechea cuando estuvo detenido en el cuartel de la Guardia civil de Zarautz, en 1968. El juzgado de Servini de Cubría todavía espera a que la Audiencia Nacional resuelva el pedido de extradición deBilly el Niño, acusado de cometer torturas a 13 personas entre 1971 y 1975.
El abogado Carlos Slepoy, que lleva la causa desde España, ya informó en abril de que la magistrada, en cualquier caso, "tiene previsto viajar a España para tomar declaración, directamente en sus propios domicilios, a aquellas personas que, por algún tipo de minusvalía, no puedan trasladarse ni siquiera al consulado argentino".
LA JUSTÍCIA ARGENTINA ADMET A TRÀMIT QUERELLA DE VÍCTIMES CANÀRIES DEL FRANQUISME. NEM SUMANT.
"Es una vergüenza que otro país tenga que investigar los crímenes que oculta el Estado español"
LA JUSTICIA ARGENTINA ADMITE A TRÁMITE QUERELLA DE VÍCTIMAS CANARIAS DEL FRANQUISMO
Redacción Canarias-semanal.org
Miembros de la Plataforma de Familiares de San Lorenzo se manifiestan ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, que denegó su petición para la apertura de la fosa común del Cementerio de Vegueta
La jueza argentina María Servini de Cubría, encargada del proceso contra el Estado Español por crímenes de lesa humanidad que la justicia argentina ha abierto en respuesta a las denuncias de las víctimas del franquismo, ha admitido a trámite la querella presentada por las Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo, de la isla de Gran Canaria.
Así se lo ha hecho saber la propia magistrada al citado colectivo de defensa de la memoria histórica, a través del Consulado Argentino en Canarias. La querella de esta Plataforma se unirá al resto de denuncias abiertas por la justicia argentina contra los crímenes cometidos por la dictadura franquista.
La admisión a trámite de la querella implica que se exigirá al Estado español laexhumación de la fosa común del Cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canartia, así como la identificación de los restos que en ella se encuentran a través de pruebas de ADN y la posterior entrega a sus familiares de los huesos de sus muertos para darles una digna sepultura. Esta fosa común podría albergar los cuerpos de alrededor de 60 republicanos, asesinados tras el levantamiento militar de 1936. Entre otros, los del alcalde de San Lorenzo del Frente Popular, Juan Santana Vega, el secretario municipal, Antonio Ramírez Graña, el inspector jefe de la policía local, Manuel Hernández Toledo y los sindicalistas vinculados a dicho Ayuntamiento, el artista e intelectual, Matías López Moralesy el jornalero, Francisco González Santana.
"EN ESPAÑA EL FASCISMO SIGUE VIVO EN CADA UNO DE SUS ESTAMENTOS"
Los familiares de las víctimas de San Lorenzo han manifestado "su agradecimiento profundo al pueblo y a la justicia argentina por haberse declarado competente para juzgar el asesinato de nuestros familiares, fusilados por el único motivo - dicen- de defender la democracia y la libertad, ante el golpe fascista contra la legítima República".
Sin embargo - añadieron - "es una vergüenza que otro país tenga que investigar lo que en el Estado español su gobierno y la judicatura han negado a unas familias, amparadas por la justicia universal, en unos delitos de crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben, prohibiéndonos en varias sentencias judiciales algo tan humano como la recuperación de los huesos de nuestros muertos”.
Una circunstancia - denuncian - "que demuestra que en España sigue el vivo el fascismo en cada uno de sus estamentos; y que quienes gobiernan son herederos directos de los franquistas".
"POR PRIMERA VEZ SE PODRÁ CONOCER EL NOMBRE DE LOS CRIMINALES"
Entre ellos, el asesinato en su cuna del bebé de 4 meses, Braulio González García, a manos de un falangista de Tamaraceite que le destrozó la cabeza a lanzarlo contra una pared.
Esto supone - declaran desde la Plataforma de familiares a Canarias-semanal – “que por primera vez se podrá conocer los nombres de los criminales y podrán ser imputados."."Algunos - aclaran - aún siguen vivos, y la jueza podría solicitar su extradición".
La propia magistrada Servini de Cubría se desplazará a Canarias a tomar declaración directamente en sus domicilios a los familiares y testigos de avanzada edad. Procedimiento con el que las víctimas esperan que se pueda acelerar el proceso.
"La brutal represión desencadenada tras el golpe de estado fascista en 1.936, que acabó con la esperanza de todo un pueblo, saldrá ahora a la luz y el Estado español y su gobierno no podrán seguir tapando y ocultando este holocausto fascista contra este municipio, contra todo el pueblo canario, donde hubo más de 3.000 personas asesinadas, fusiladas y desaparecidas" -concluyen desde la Plataforma de familiares.
http://canarias-semanal.org/not/12760/_la_justicia_argentina_admite_a_tramite_querella_de_victimas_canarias_del_franquismo/
ANA MESSUTI ADVOCADA DE LA QUERELLA ARGENTINA PRESENTA EL SEU ÚLTIM LLIBRE, UN DEURE INELUDIBLE, L'OBLIGACIÓ DE L'ESTAT DE PERSEGUIR PENALMENT ELS CRIMS INTERNACIONALS. EDITORIAL EDIAR.
Ana Messuti: "La Querella Argentina está muy bien pero lo ideal es que se juzgue la dictadura aquí"
La abogada de las víctimas de la dictadura franquista ante la Justicia argentina publica 'Un deber ineludible', un ensayo que nace de su tesis doctoral y que indaga en la obligación internacional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.
La abogada de las víctimas de la dictadura franquista ante la Justicia argentina, Ana Messuti.
Rodeada de víctimas de la dictadura franquista, juristas de reconocido prestigio, antiguos alumnos de la Universidad de Buenos Aires y funcionarios de la Embajada argentina en Madrid, entre otras personalidades, Ana Messuti, abogada de la acusación en la llamada querella argentina, presentó ayer su último libro, Un deber ineludible. La obligación del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales(Editorial Ediar), una obra que nace de la tesis doctoral de la letrada en la Universidad de Salamanca y que indaga en la obligación internacional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.
La obra, tal y como contó Laura Zúñiga, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y directora de la tesis doctoral, nació del deseo de la autora de encontrar en el Derecho Penal una solución duradera al problema de la impunidad de la dictadura franquista, en particular, y de los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio, en general. "La autora se planteó qué pedían la Memoria Histórica y las víctimas al Derecho Penal y cuáles de esas demandas podían ser resueltas por el Derecho Penal y el resultado es esta obra", ha señalado Zúñiga, que señaló que la tesis de Messuti ha sido "la que más satisfacciones" le había traído.
Asimismo, el acto de presentación contó con la participación de Ariel Jerez, profesor de Ciencias Políticas y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, y de Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional, que reparó en la paradoja de que el Derecho Internacional que no fue capaz de evitar que algunos estados cometieran genocidios es el mismo que está obstaculizando la investigación, persecución, enjuiciamiento y reparación de las víctimas de esos genocidios. "¿Qué credibilidad tienen nuestros sistemas democráticos? ¿Están asentados sobre los valores de derechos inalienables de las personas o sobre otros valores y razones?", reflexionó el magistrado.
Su obra parte de la idea de que gran parte de los crímenes más terribles del siglo XX han quedado impunes porque los códigos penales de los Estados nacionales no contemplan los crímenes que se cometieron como el genocidio o crímenes de lesa humanidad. ¿Qué solución plantea para dar justicia a las víctimas?
La impunidad tiene mucho que ver con la voluntad de no investigar y no juzgar. Los crímenes internacionales (genocidio crímenes contra la humanidad) son tales por su gravedad. Y son tan graves porque los Estados han favorecido su comisión o han amparado a sus autores. Por lo tanto, es muy difícil que el Estado donde se han perpetrado los crímenes se ocupe de perseguir a sus autores. En cambio, toda la comunidad internacional está interesada en que no se cometan ese tipo de crímenes, en que no queden impunes. Por ello, las normas que los prevén son las normas del derecho internacional. Sólo recientemente se van incorporando a los Códigos penales nacionales los tipos penales correspondientes a los crímenes más graves. Lo ideal sería que se considere la unidad del Derecho internacional y el Derecho nacional. Es decir, que haya una unidad entre el Derecho nacional y el Derecho internacional, y que el Derecho nacional respete la preeminencia del Derecho internacional (generalmente reconocida en las constituciones nacionales). Combatir la impunidad es necesario para que no sea letra muerta lo dispuesto en los tratados de derechos humanos.
"Es muy difícil que el Estado donde se han perpetrado los crímenes se ocupe de perseguir a sus autores"
España, a pesar de haber firmado la Convención contra la tortura, por ejemplo, no persigue a aquellos que torturaron sistemáticamente y considera esos crímenes prescritos. ¿Actualmente esos tratados de derechos humanos que ha firmado España son letra muerta hasta que se juzgue el franquismo?
Considerar prescritos crímenes tan graves como la tortura practicada sistemáticamente revela la voluntad de no juzgarlos. Los tratados no son letra muerta, simplemente la justicia española no los considera vinculantes, sino como meras recomendaciones. Sin embargo, los tratados como la Convención contra la tortura generan obligaciones para los Estados.
¿Qué Estados y qué crímenes están quedando impunes actualmente?
Ahora mismo, por muchos motivos, pensamos en primer lugar en los crímenes de la dictadura franquista. Pero hay muchos crímenes que quedan impunes y que pueden quedar impunes tras la reforma legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la jurisdicción universal. También en América Latina hay muchos crímenes que han quedado impunes, como en el caso de Guatemala (a pesar de haberse juzgado), Brasil, Uruguay, El Salvador.
Usted vivió en primera persona la locura de un régimen autoritario tratando de eliminar a sus rivales. Era profesora auxiliar de la Universidad de Buenos Aires cuando abandonó el país al sentirse amenazada.
Me echaron de la facultad. Sentí la amenaza y decidí irme (tenía hijos muy pequeños). Luego me di cuenta de que había hecho muy bien en irme.
Le hago esta pregunta porque le quiero preguntar qué siente ahora cuando su país, Argentina, está juzgando los crímenes de aquella dictadura de la que usted fue "exiliada preventiva" y está encarcelando a los responsables.
Me siento muy bien, pero no por la venganza. Me siento bien porque veo que el sistema jurídico de mi país está funcionando bien y está tratando por todos los medios, sin malabarismos improcedentes y con buena fe, de leer el derecho de manera tal que el ordenamiento jurídico resulte coherente, es decir, que si bien penaliza los crímenes menos graves no deja impunes los más graves. Eso es fundamental.
"Es una reparación simbólica y física porque supone un desahogo: de su boca salen palabras que tienen sofocadas desde hace años"
¿Se siente reparada?
Personalmente, no lo sé. Sí por todos mis compañeros y por los hijos de los desaparecidos. Siento esa reparación. Una reparación que no es económica y que sólo se siente cuando la hace la Justicia.
¿Esa reparación la puede hacer un Estado extranjero o sólo se siente cuando es la Justicia del Estado que cometió los crímenes el que lo juzga?
Esa reparación la puede hacer un Estado extranjero. Eso lo pude comprobar en las declaraciones de las víctimas del franquismo en Buenos Aires y las que se hicieron a través de videoconferencias. Se podía ver en las víctimas su satisfacción por el hecho de sentirse escuchados ante la Justicia. Es una reparación simbólica y, quizás, también física porque supone un desahogo: de su boca salen palabras que tienen sofocadas desde hace años, y también lágrimas. No ha influido el hecho de que lo tuviesen que hacer ante la Justicia argentina y no ante la de su propio país. Eso dice mucho sobre la fe en la Justicia, independientemente del lugar donde se administre, pero principalmente sobre la necesidad de Justicia.
Ha comentado en la conferencia de presentación de este libro y también en esta entrevista la incoherencia de un Código Penal que castiga un robo en el Mercadona, por ejemplo, y no castiga el genocidio o la tortura sistemática y continuada.
Todos se preocupan porque se puede afectar el principio de legalidad cuando el crimen no está previsto en el Código Penal interno. No obstante, deben preocuparse también por otro principio, que es el de proporcionalidad. Las penas deben ser proporcionales al delito pero también debe ser proporcional la escala de delitos y de penas, es decir, al delito más grave le debe corresponder la pena más grave.
Consecuentemente con su afirmación, ¿es el sistema judicial español incoherente al no juzgar los crímenes de la dictadura?
Efectivamente.
"No es habitual el tiempo que está tardando España en volver la vista atrás"
También ha señalado la importancia del tiempo. De hacerlo ya.
Obviamente. Somos seres finitos y la gente se va muriendo. Ya hay querellantes que han muerto. También van muriendo los autores de los crímenes, y si el autor del crimen muere no puede haber justicia. En ello se ve que no se trata de venganza. Nadie se alegra de la muerte de un presunto criminal porque lo que les interesa es que responda ante un tribunal.
¿Cree que España terminará juzgando los crímenes del franquismo?
Sí, creo que sí y que puede llegar a tiempo y dar satisfacción a las víctimas. No se puede predecir, pero no debemos perder la fe en que haya justicia para las víctimas. Es algo que nos han enseñado las madres de Plaza de Mayo. La Querella Argentina está muy bien pero lo ideal es que se juzgue la dictadura aquí.
¿La posición de España respecto al franquismo es la habitual en los Estados que han cometido este tipo de crímenes?
Sí. En general, el Estado opone una serie de dificultades para el juicio. Lo que no es habitual es el tiempo que está tardando España en volver la vista atrás.
LA JUSTÍCIA XILENA ADMET QUERELLA CONTRA EX GENERALS PEL BOMBARDEIG A LA MONEDA EN 1973. AQUEST CAS A L'ESTAT ESPANYOL NO FA FALTA DIR QUE SERIA IMPENSABLE.
Justicia acoge querella contra ex generales por bombardeo a La Moneda en 1973
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Publicado por Eduardo Woo | La Información es de Agencia AFP
La Justicia acogió una querella en contra de dos ex generales acusados de pilotear los aviones que bombardearon el palacio gubernamental de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe que derrocó al presidente socialista Salvador Allende.
“El juez Miguel Vásquez admitió el lunes abrir un nuevo proceso por el bombardeo a La Moneda y ordenó a la Policía de Investigaciones (Civil) investigar si se cometió un crimen de lesa humanidad por el hecho de bombardear e incendiar el palacio presidencial”, dijo este viernes el abogado Roberto Ávila, quien presentó la querella.
Ávila explicó que la querella esta dirigida en contra de Mario López Tobar y Fernando Rojas Vender, ambos exgenerales retirados de la Fuerza Aérea de Chile, imputados por ser los supuestos pilotos que comandaron la escuadrilla de cazabombarderos Hawker Hunter que bombardearon La Moneda. Actualmente ambos se encuentran en libertad.
El 11 de septiembre de 1973, cuando Allende cumplía 1.000 días en el poder, las Fuerzas Armadas chilenas, lideradas por el general Augusto Pinochet, se levantaron contra su gobierno, bombardeando por aire y tierra el palacio presidencial donde se encontraba el mandatario, que resistía junto a un puñado de colaboradores.
“López Tobar participó en el bombardeo como jefe de la escuadrilla bajo el nombre ‘Libra’, y Rojas Vender era el segundo a cargo de la escuadrilla bajo el nombre de ‘Rufián’”, aseveró el abogado.
Los ex generales López y Rojas están acusados por el “sufrimiento psicológico de gran magnitud” que le habrían causado al ex presidente Salvador Allende durante el bombardeo, indicó Avila.
En enero pasado, la Corte Suprema cerró una investigación sobre la muerte de Allende, en la que se estableció que el ex mandatario se había suicidado con un disparo de fusil en su barbilla durante el golpe, desechándose la hipótesis de que pudo haber sido asesinado.
La Corte Suprema debe decidir si el juez Vásquez continúa la investigación sobre el bombardeo, ya que el magistrado sólo trata casos relacionados con homicidios.
Tras el golpe de 1973, comenzó la dictadura de Pinochet, que se extendió hasta 1990, dejando más de 3.200 muertos y desaparecidos, y 38.000 torturados.
ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA ARAGONESA DE SUPORT QUERELLA ARGENTINA.
Acto de presentación de la Plataforma aragonesa de apoyo a la Querella Argentina
Este instrumento ha de servir para que se haga de altavoz, con todos los apoyos que os pedimos y que intentamos recabar, ante la sociedad civil de estas justas reivindicaciones ante la Justicia Internacional. Os rogamos vuestra asistencia a la conferencia de presentación el día 28 lunes a las 19 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
Por la mañana los intervinientes serán recibidos en las Cortes de Aragón por nuestros representantes políticos para escuchar personalmente las razones de CeAQUA y mostrar públicamente su apoyo a las mismas.
LA QUERELLA ARGENTINA PRESENTA NOVES DENÚNCIES ENTRE ELLES LA D'UNA DONA PRESA EN SATURRARÁN.
La Querella Argentina presenta nuevas denuncias, entre ellas la de una mujer presa en Saturarán
Siete asturianos han entregado a la jueza argentina María Servini sus denuncias en el marco de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Entre ellas se encuentra la de una mujer que estuvo presa en la cárcel de Saturraran.
|MADRID|2014/04/25
Siete asturianos, entre ellos familiares de desaparecidos y fusilados durante la dictadura franquista, y víctimas directas de la represión y la tortura del régimen fascista, han acudido hoy al consulado de Argentina en Madrid, en el marco de la causa que investiga los crímenes del franquismo, instruida por la jueza María Servini.
Entre las demandas que han entregado al cónsul para que las haga llegar a la jueza está la de una mujer, Josefa Ávila Álvarez, cuyo marido, José Abargues Perles, fue condenado a muerte y fusilado en setiembre de 1939. Josefa Ávila, embarazada y con seis hijos, estuvo presa en Pravia y Uviéu, donde dio a luz a su última hija, y después fue encarcelada en Saturraran, donde estuvo hasta abril de 1943. Dos de sus nietas serán las encargadas de explicar el relato de esta mujer y de su familia.
Además del de Josefa Ávila, se han denunciado los casos de Aida Alvaré y José Martínez Vázquez; Clemente Amago López-Villar, Jesús Fernández Pérez, Manuel José García Valle y José’l Gallegu, Faustino Sánchez García, Vicente Gutiérrez Solís y Anita Sirgo Suárez.
Uno de los denunciantes, José Miguel Suárez, ha explicado que de las demandas presentadas se distinguen dos tipos: por un lado, las de personas que sufrieron torturas y represión de la dictadura y, por otro, las denuncias de nietos que perdieron a sus familiares.
Otra de las personas que ha viajado desde Asturias a Madrid es Vicente Gutiérrez Solís, que se significó por su labor en el Partido Comunista en los pozos mineros desde 1955.
«Como aquí no se ha hecho justicia, ni se ha juzgado ni condenado al régimen franquista la única vía que tenemos es venir aquí, al consulado, para que Argentina juzgue los hechos», ha señalado en declaraciones a Efe.
Gutiérrez ha explicado que él y otros compañeros sufrieron numerosas detenciones y palizas cuando hacían huelga en la mina, circunstancias que le llevaron a escapar al Estado francés, lo que no le libró de más palizas y detenciones que continuaron hasta 1977.
LA AUDIENCIA RECHAZA LA EXTRADICIÓN A ARGENTINA DEL TORTURADOR MUÑECAS.
La Audiencia rechaza la extradición a Argentina del torturador Muñecas
El tribunal considera que su delito estaría prescrito y que los hechos de los que se le acusa no son constitutivos de genocidio.
La Audiencia Nacional ha rechazado este viernes la extradición a Argentina del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, por torturas en el franquismo, ya que considera que este delito, presuntamente cometido en 1968, estaría prescrito y que los hechos de los que se le acusa no son constitutivos de genocidio.
La sección tercera argumenta que este delito, castigado en España con un máximo de seis años, prescribe a los diez años desde la comisión del delito o desde que el procedimiento se dirige contra el culpable, cuando la acción penal en este caso se inició en virtud de una querella presentada en Argentina en 2012, "por lo que ha superado crecidamente los plazos de prescripción". Además, rechaza que los hechos de los que se le acusa pudieran "constituir un delito de lesa humanidad, dado el tenor aislado de la acción imputada sin conexión aparente con el delito de genocidio" que se investiga en Argentina.
La causa se refiere a las presuntas torturas infligidas a Andoni Arrizabalaga Basterrechea tras su detención en agosto de 1968, en el cuartel de la Guardia Civil en Zarautz.
Muñecas fue en su día condenado a cinco años de cárcel por participar en el golpe del 23-F
En el auto de siete folios en el que se oponen a la extradición de Muñecas, los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y María Ángeles Barreiro argumentan también la falta de conexión entre el reclamado y "cualesquiera otras personas involucradas en acciones análogamente reprobables, tanto por su naturaleza como por las fechas de ejecución". A todo ello añaden "la denegación en razón de la nacionalidad del reclamado, carente de vínculo alguno con Argentina".
La juez argentina María Servini pidió la entrega de Muñecas por las acusaciones contra él de torturas. Este exagente de la Guardia Civil fue condenado por su participación en el golpe de Estado del 23-F a cinco años de cárcel por rebelión militar y expulsado del cuerpo.
Es jurisdicción española, según la Fiscalía
Durante la vista sobre la extradición de Muñecas, el pasado 3 de abril, el fiscal Pedro Martínez Torrijos se opuso a que se le extradite porque considera que los hechos están prescritos, pero consideró que la jurisdicción española sería competente para juzgarle. En concreto, planteó que las acusaciones en esta causa propongan al Estado argentino la interposición de una denuncia para que Muñecas sea juzgado por la jurisdicción española, en cuyo caso ha considerado que el expediente se debería enviar al juzgado decano de Azpeitia (Guipúzcoa), al que pertenece la localidad en la que se produjeron los hechos. Ello posibilitaría, según el fiscal, que las víctimas tuvieran un proceso en España y fueran oídas ante un tribunal español por unos hechos cometidos en la dictadura, con lo que se podría "satisfacer los deseos de justicia que les ha llevado a presentar la querella en el Estado argentino".
Muñecas, al que ahora la Sala retira las medidas cautelares que pesaban sobre él a raíz de la reclamación de Argentina (retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales en el juzgado), se encontraba entre los asistentes a la comida organizada el pasado febrero, en el último aniversario del golpe, en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro por el teniente coronel Antonio Tejero, hijo del golpista, que fue destituido por estos hechos.
La Audiencia tiene que pronunciarse todavía sobre el caso de Billy el Niño
Muñecas es uno de los dos expolicías cuya extradición ha solicitado la juez argentina, que se apoya en la legislación internacional de derechos humanos para investigar posibles crímenes contra la humanidad, mientras que España mantiene la amnistía a antiguos responsables de la época de Franco. La Audiencia aún tiene que emitir una decisión sobre la extradición del exinspector de la Policía Antonio González, apodado Billy el Niño, que el 10 de abril negó las acusaciones de tortura en una vista celebrada en la sede del alto tribunal. Es previsible que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechace también su entrega, que, a la que, al igual que en el caso del capitán Muñecas, se opuso a ella la Fiscalía.
España aprobó una ley de amnistía en 1977 que perdonó los delitos franquistas. Cientos de españoles han recurrido a un tribunal argentino en busca de justicia para supuestos crímenes cometidos contra ellos y sus familias durante los 36 años de dictadura, que terminaron con la muerte de Franco en 1975. La ONU instó a España en octubre pasado a que creara un plan para investigar las desapariciones del franquismo y recomendó descartar la ley de amnistía para delitos políticos cometidos durante la guerra civil (1936-39) y el franquismo (1939-75). España respondió negándose a revisar esa ley.
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